En México, destacan conjuntos habitacionales emblemáticos de gran envergadura que podrían considerarse adecuados según las directrices establecidas por ONU Habitat. Entre ellos, se encuentran el Multifamiliar Miguel Alemán (1949), la Unidad Habitacional Independencia (1960) y el Conjunto Tlatelolco (1964), construidos de manera colaborativa por los sectores público, privado y social. Esta sinergia permitió combinar planificación, diseño arquitectónico y expresión artística para ofrecer soluciones habitacionales a las familias de bajos ingresos.
A mediados del siglo XX, el sector público resultó insuficiente ante la creciente demanda de viviendas, originada por la migración interna hacia las grandes ciudades en desarrollo. En la década de los 70, la presión sindical a favor de viviendas dignas cerca del entorno laboral llevó al sector privado a establecer el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, conformando un modelo tripartita que perdura hasta hoy.
En los años 80, el crecimiento urbano desordenado, la falta de planificación y una incipiente industria de la vivienda generaron una situación donde solo los trabajadores del sector privado tenían acceso garantizado al financiamiento para adquirir viviendas. Ante esta brecha, el sector público creó instituciones como el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) para atender a una parte de la población no beneficiada.
A finales del siglo XX, se implementó un modelo de desarrollo de vivienda expansiva horizontal de bajo costo, sin considerar criterios de calidad, ubicación y accesibilidad a servicios urbanos y centros de trabajo. Aunque inicialmente rentable, este enfoque condujo a algunos problemas, como la quiebra de desarrolladoras inmobiliarias y la existencia de más de 650,000 viviendas abandonadas debido a no cumplir con las expectativas de los consumidores.
Las consecuencias del modelo expansivo horizontal son evidentes en la actualidad, especialmente en áreas como Ciudad de México, Estado de México, Zona Metropolitana de Monterrey, Zona Metropolitana de Guadalajara, el sur de Mexicali, Ciudad Juárez y Chihuahua.
Para abordar la alta demanda de vivienda y evitar problemas innecesario al comprador, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ha implementado la estrategia de que toda vivienda financiada debe ubicarse en una zona urbana consolidada. Esto implica que las viviendas o conjuntos habitacionales deben contar con servicios esenciales, como escuelas, supermercados, mercados o centrales de abastos, farmacias y consultorios médicos, en un radio de 2.5 kilómetros a la redonda.
Actualmente se busca revertir la situación del déficit habitacional de aproximadamente 9.4 millones en el país mediante un programa nacional que incorpora los siete elementos de vivienda adecuada establecidos por la ONU.
Este esfuerzo incluye medidas para garantizar la seguridad de la tenencia, la disponibilidad de servicios e infraestructura, la asequibilidad, la habitabilidad, la accesibilidad, la ubicación y la adecuación cultural, marcando así la pauta hacia un Modelo Integral de Ordenamiento Territorial.
