La expropiación constituye un acto legal mediante el cual el Estado —ya sea a nivel federal, estatal o municipal— puede privar temporal o definitivamente a una persona de la propiedad de un bien inmueble. Este procedimiento, aunque suele generar controversia, está amparado por el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que la propiedad privada puede ser afectada únicamente por causas de utilidad pública y mediante el pago de una indemnización justa y previa.
Su finalidad radica en equilibrar el interés individual con el bienestar colectivo.

1. La causa de utilidad pública y su fundamento jurídico

La causa de utilidad pública es el pilar que justifica toda expropiación. No se trata de un acto arbitrario, sino de un procedimiento controlado que busca satisfacer necesidades sociales prioritarias.
El Estado puede intervenir únicamente cuando el bien resulta indispensable para ejecutar obras o servicios de beneficio general, como infraestructura, educación, salud, seguridad o desarrollo urbano.
Para proceder legalmente, deben cumplirse dos requisitos esenciales:

1. Que la causa de utilidad pública esté reconocida en una ley o decreto.
2. Que se otorgue al propietario una indemnización previa, en efectivo y justa, con base en el valor comercial del bien.

Estos elementos aseguran que la autoridad actúe dentro del marco constitucional, evitando abusos y garantizando la protección del derecho de propiedad.

1. Casos en los que procede la expropiación

Las causas más comunes por las que el Estado puede ejercer esta facultad se encuentran previstas en la Ley de Expropiación y en las leyes locales correspondientes. Entre los supuestos más frecuentes se destacan:

• Infraestructura y servicios públicos: construcción o ampliación de carreteras, puentes, líneas eléctricas, sistemas de drenaje, gas o agua potable.
• Desarrollo urbano y equipamiento social: creación de escuelas, hospitales, parques o espacios recreativos destinados al bienestar ciudadano.
• Protección ambiental y patrimonio cultural: preservación de zonas arqueológicas, reservas naturales o lugares de interés histórico.
• Seguridad y emergencias nacionales: ocupación temporal o definitiva de inmuebles ante situaciones de riesgo o desastres naturales.
• Regularización de tenencia: en casos donde la reestructuración territorial es necesaria para la reconstrucción o reordenamiento urbano.

En todos los casos, la autoridad debe emitir un Decreto Expropiatorio que declare expresamente la causa de utilidad pública, notificar al propietario y proceder con el pago de la indemnización correspondiente.

III. Bienes y derechos susceptibles de expropiación

La potestad expropiatoria del Estado no se limita únicamente a terrenos o viviendas. Puede alcanzar otros tipos de bienes y derechos, tales como:

• Bienes inmuebles: terrenos, edificios, parcelas o construcciones.
• Bienes muebles: maquinaria, equipo u objetos de valor histórico o cultural.
• Derechos reales o de uso: servidumbres, usufructos o derechos de paso, cuando su ejercicio resulta necesario para cumplir la causa pública.

Cualquier intento de expropiación fuera de estos supuestos o sin el cumplimiento de los requisitos legales puede ser impugnado mediante juicio de amparo o recursos administrativos, según el caso.

La expropiación de una propiedad solo es procedente cuando responde a una causa de utilidad pública debidamente fundamentada y acompañada de una indemnización justa y previa. Este acto representa un equilibrio entre el derecho individual de propiedad y el interés general de la sociedad.
Ante cualquier proceso de esta naturaleza, resulta esencial contar con la asesoría de un abogado especializado en derecho administrativo y expropiaciones, quien podrá garantizar el respeto a los derechos del propietario y la legalidad del procedimiento.

1. ¿Cuándo puede el gobierno expropiar una propiedad en México?
   Solo cuando existe una causa de utilidad pública y se garantiza una indemnización justa y previa, conforme al artículo 27 constitucional.
2. ¿Qué hacer si la expropiación no cumple con los requisitos legales?
   El propietario puede presentar un juicio de amparo o recurso administrativo para impugnar el acto y proteger su derecho de propiedad.
3. ¿Cómo se determina el monto de la indemnización por expropiación?
   Se basa en el valor comercial del bien, determinado mediante avalúos oficiales y, en su caso, peritajes independientes ante autoridad judicial.